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Recolección de firmas para derogar la ley de seguridad social
El Director de CERES (Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social), Economista Alejandro Munyo, emitió en la red X, el pasado 10 de febrero, un hilo relativo al cuestionamiento de la flamante legislación sobre seguridad social.
En su opinión, es esencial identificar los riesgos que a partir de la recolección de firmas, se conectan con la situación que vivirán las próximas generaciones. Munyo organizó en diez capítulos su opinión al respecto. Vayamos sobre ellos.
1. Suba del gasto por mayores pasividades. Se necesitarían más de USD 1.100 millones (1,5% del PBI) extras por año para igualar jubilaciones y pensiones al salario mínimo nacional, recursos que el país no posee.
2. Aumento del gasto por la baja de edad de retiro. Un incremento del gasto estimado en el entorno de los USD 3.000 millones (4% del PBI), incluyendo al BPS y a las cajas Militar, Policial y Paraestatales.
3. Potenciales juicios al Estado. Es factible que afiliados inicien demandas por la confiscación del ahorro administrado por las AFAP (USD 22.000 millones). Y las AFAP podrían hacer lo mismo, reclamando lucro cesante por las comisiones previstas hasta el retiro de los afiliados.
4. Aumento perjudicial de impuestos para cubrir costos extras. La iniciativa sindical presupone un aumento de impuestos (IRAE, Impuesto al Patrimonio, franjas más altas de IRPF) con serios perjuicios sobre la inversión privada y el crecimiento futuro de la economía.
5. Reintroduce inequidades al sistema. Se da marcha atrás en la unificación de subsistemas (Cajas) con prestaciones diferentes para similares aportes, lo que fue un avance de la última reforma jubilatoria.
6. Efectos regresivos en la distribución del ingreso. Los aportantes de mayores ingresos tendrán incentivos para reducir sus aportes y beneficiarse de las prestaciones mínimas del nuevo sistema de manera desproporcionada.
7. Reducción del ahorro privado. Ante la prohibición del ahorro privado, las personas de mayores ingresos buscarán alternativas en el exterior, tal como lo demuestra la evidencia internacional.
8. Pérdida del grado inversor. Uruguay obtuvo el grado inversor luego de la reforma previsional de 1997, lo perdió con la crisis de 2002, lo recuperó una década después y lo solidificó recién ahora gracias a la reforma previsional en marcha.
9. Perjuicio a la seguridad jurídica, que tanto vale a nivel internacional. La iniciativa plebiscitaria deja abierta a la interpretación, la exclusividad del Estado en la gestión de servicios en todas las áreas vinculadas al sistema de seguridad social, como por ejemplo la Salud.
10. Retroceso en la agenda de desarrollo en la que debe avanzar el país. La aprobación del plebiscito y el posterior proceso de implementación no sólo sería un frenazo para Uruguay sino un drástico cambio de rumbo hacia un camino que recorrieron los países a los que les fue peor.